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BOSTON (AP) — Un juez federal ha paralizado los esfuerzos del gobierno de Trump para recopilar datos que demuestren que las instituciones de educación superior no tienen en cuenta la raza en los procesos de admisión.
El fallo emitido el viernes por el juez de distrito estadounidense F. Dennis Saylor IV en Boston, que concede la medida cautelar preliminar, se produce tras una demanda presentada el mes pasado por una coalición de 17 fiscales generales estatales demócratas. Dicha medida solo se aplicará a las universidades públicas de los estados demandantes.
El juez federal afirmó que es probable que el gobierno federal tenga la autoridad para recopilar los datos, pero que la solicitud se presentó a las universidades de una manera «precipitada y caótica».
“El plazo de 120 días impuesto por el Presidente condujo directamente al fracaso del NCES (Centro Nacional de Estadísticas Educativas) a la hora de interactuar de manera significativa con las instituciones durante el proceso de notificación y comentarios para abordar la multitud de problemas que presentaban los nuevos requisitos”, escribió Saylor.
El presidente Donald Trump ordenó la recopilación de datos en agosto, después de expresar su preocupación por el hecho de que las universidades estuvieran utilizando declaraciones personales y otros indicadores para tener en cuenta la raza, lo que él considera una discriminación ilegal.
En 2023, la Corte Suprema dictaminó en contra del uso de la acción afirmativa en las admisiones , pero dijo que las universidades aún podían considerar cómo la raza ha influido en la vida de los estudiantes si los solicitantes comparten esa información en sus ensayos de admisión.
Los estados argumentan que la recopilación de datos conlleva el riesgo de invadir la privacidad de los estudiantes y de dar lugar a investigaciones infundadas sobre colegios y universidades. También alegan que las universidades no han tenido tiempo suficiente para recopilar los datos.
“Los datos se han solicitado de una manera tan apresurada e irresponsable que crearán problemas para las universidades”, declaró ante el tribunal Michelle Pascucci, abogada de los demandantes, añadiendo que el intento parecía estar dirigido a descubrir prácticas ilegales.
El Departamento de Educación ha defendido la iniciativa, argumentando que los contribuyentes merecen transparencia sobre cómo se gasta el dinero en las instituciones que reciben financiación federal.
La política de la administración se asemeja a los acuerdos extrajudiciales que el gobierno negoció con la Universidad de Brown y la Universidad de Columbia , restituyéndoles sus fondos federales para investigación. Las universidades acordaron proporcionar al gobierno datos sobre la raza, el promedio de calificaciones y los resultados de las pruebas estandarizadas de los solicitantes, los estudiantes admitidos y los estudiantes matriculados. Asimismo, las instituciones acordaron someterse a auditorías gubernamentales y publicar las estadísticas de admisión.
El Centro Nacional de Estadísticas Educativas recopilará los nuevos datos, incluyendo la raza y el sexo de los solicitantes, estudiantes admitidos y estudiantes matriculados en las universidades. La secretaria de Educación, Linda McMahon, ha declarado que los datos, cuya fecha límite original era el 18 de marzo, deben desglosarse por raza y sexo y reportarse retroactivamente para los últimos siete años.
Si las universidades no presentan datos oportunos, completos y precisos, la administración ha dicho que McMahon puede tomar medidas en virtud del Título IV de la Ley de Educación Superior de 1965, que describe los requisitos para las universidades que reciben ayuda financiera federal para los estudiantes.
La administración Trump ha demandado por separado a la Universidad de Harvard por datos similares, alegando que se negó a proporcionar los registros de admisión que el Departamento de Justicia exigió para garantizar que la institución dejara de utilizar la discriminación positiva. Harvard ha declarado que la universidad ha estado respondiendo a las solicitudes del gobierno y que cumple con el fallo del Tribunal Supremo en contra de la discriminación positiva. El lunes, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación ordenó a Harvard que cumpliera con las solicitudes de datos en un plazo de 20 días o, de lo co