EAGLE PASS. TX –En un plazo no mayor a 10 días, el gobernador Greg Abbott deberá retirar las boyas del Rio Bravo.
Su atrevimiento fue más allá de su jurisdicción y pone en alto riesgo la seguridad, además pisoteo los tratados internacionales y daña relaciones con México.
El Departamento de Justicia solicitó a un juez federal que ordene a Texas retirar la barrera en un plazo de 10 días.
El departamento también está buscando una orden judicial que bloquee a Texas de erigir futuras barreras fluviales sin la aprobación previa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU.
“El despliegue de la Barrera Flotante por parte de Texas ha causado un daño significativo y continuo a las relaciones exteriores de Estados Unidos con México”, dice el documento, y agrega que los funcionarios mexicanos han planteado sus preocupaciones “al más alto nivel diplomático”.
“México ha afirmado específicamente que las acciones de Texas contravienen varias obligaciones del tratado y ha planteado preocupaciones humanitarias con respecto a la posible pérdida de vidas de personas que nadan en el Río Grande”, dice la presentación.
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El gobierno federal pidió a los funcionarios de Texas que retiraran la barrera el 20 de julio, unos 10 días después de que se instalara cerca de Eagle Pass para disuadir a los inmigrantes de cruzar el río. Abbott se negó y dijo en una carta de respuesta: “Texas lo verá en la corte, señor presidente”.
El Departamento de Justicia obedeció, demandó a Texas en la corte federal de Austin el lunes y luego siguió el miércoles con una solicitud de una orden judicial que requiere la eliminación de la barrera.
La demanda argumentó que la barrera violó la Ley de Ríos y Puertos, que prohíbe la obstrucción de las vías fluviales de los EE. UU., y no fue aprobada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas bilateral, como lo exige un tratado de 1970.
Otras declaraciones incluidas en la presentación plantearon preocupaciones específicas.
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Hillary Quam, la coordinadora fronteriza entre Estados Unidos y México del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que los funcionarios mexicanos habían protestado por la barrera del río como una violación de los tratados que datan de 1848.
“Si la barrera no se elimina rápidamente, su presencia tendrá un impacto adverso en la política exterior de Estados Unidos, incluida nuestra relación con el gobierno de México”, escribió Quam en una declaración jurada que acompaña a la presentación.
México también ha planteado preocupaciones humanitarias, dijo.
“A México le preocupa que las personas que nadan en el río puedan quedar atrapadas en la barrera flotante y correr el riesgo de sufrir lesiones o incluso la muerte. Tal lesión… podría convertirse rápidamente en un incidente internacional importante”.