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Era un hecho que jueces republicanos de la Suprema Corte de Estados Unidos aprobaran levantar el bloqueo a la Ley SB-4. Para que policías fronterizas arrestan a inmigrantes
Su actitud conservadora de jueces pone en riesgo derechos humanos y abusos de policías contra extranjeros.
La norma establece castigos, de hasta 20 años de prisión, para quienes ingresan al Estado de manera irregular.
Permite a la policía de Laredo, Sheriff, Constables y DPS solicitar papeles a cualquier persona sospechosa de haber ingresado al país ilegalmente.
Aunque esta norma es inconstitucional avalado por juristas de que una autoridad estatal deporte personas siendo facultad exclusiva del Gobierno federal.
La SB4 regirá mientras se lleva a cabo un juicio en paralelo sobre su constitucionalidad.
“Esto supone claramente un desarrollo positivo”, ha asegurado el gobernador Abbott, quien lleva a cabo una cruzada en contra de la inmigración irregular que llega a su Estado. El mandatario republicano ha advertido que aún debe resolverse el juicio pendiente que existe en el Quinto Circuito Federal de Apelaciones. Este debe escuchar los argumentos de ambas partes para después emitir un fallo. La Administración Biden demandó al Gobierno de Texas al considerar que la SB4 “altera el estatus quo que ha existido entre Estados Unidos y los Estados Unidos en el contexto de la inmigración por casi 150 años”. Cualquiera de los bandos puede recurrir a la Suprema Corte tras el fallo de la Corte de Apelaciones. Ad
Por el momento, las fuerzas de seguridad pueden solicitar papeles a cualquiera en prácticamente en cualquier sitio a excepción de escuelas, iglesias, hospitales y centros de salud. La revisión de documentos migratorios no será exclusiva de los condados fronterizos, sino que la ley puede implementarse en ciudades lejanas al límite con México.
La mayoría conservadora del Supremo, creada durante el Gobierno de Donald Trump, permitió la entrada en vigor de la medida en un voto 6-3. Los jueces de la minoría progresista han escrito un voto particular donde rechazan la decisión de la mayoría. La jueza Sonia Sotomayor, la única latina en el Alto Tribunal, ha considerado que la legislación tejana “pone fin al equilibrio de poder que existe desde hace más de un siglo entre la federación y los Estados”. Sotomayor también cree que la decisión de sus compañeros provocará más desorden en la frontera, una zona que registró en 2023 números récord de aprehensiones de inmigrantes.
En otra opinión, los jueces conservadores Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh, aseguran que su voto con la mayoría no significa que estén de acuerdo con la sustancia de la SB4. Los togados afirman que este es tema de procedimiento y que es “prematuro” entrar en la materia. Lo harán una vez que el Quinto Tribunal de Apelaciones emita su fallo sobre la norma.
El Gobierno de Texas argumentó que la norma es producto de la inacción del Gobierno de Joe Biden en la frontera. La legislación pasó sin dificultades por el Congreso local, en manos del partido republicano. Las autoridades aseguran que esta será un instrumento que les ayudará a controlar una “invasión” en la frontera”. Abbott y su Administración han logrado reunir varios apoyos de mandatarios republicanos, quienes han sido muy críticos con la gestión migratoria del mandatario demócrata. La decisión de este martes ha sido celebrada por el fiscal de Texas, Ken Paxto, quien la declaró “un enorme triunfo” en la defensa de la soberanía del Estado.
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La legislación federal con base en una invasión significa anular la ley y autoridad federal, una noción que es antítesis de la Constitución y ha sido rechazada de forma inequívoca por los tribunales federales desde la Guerra Civil”, escribió David Ezra en su argumentación, de 114 páginas.
El magistrado, al igual que otros críticos de la SB4, consideran que la ley tiene varias similitudes con la SB1070, una norma aprobada en 2010 por el Gobierno de Arizona. Esta permitía a las fuerzas de seguridad locales pedir papeles a casi cualquiera bajo sospecha de haber entrado ilegalmente al país. La SB1070 estuvo en los tribunales por dos años. En junio de 2012, el Supremo le invalidó varios aspectos y dejó otras en pie. Entre lo dictaminado estaba que solo el Gobierno federal tiene el poder para dictar leyes contra la inmigración ilegal.
Las organizaciones de derechos humanos han criticado duramente la SB4, que debió haber entrado en vigencia el pasado 5 de marzo. “Implementar esta ley llevará a perfilar racialmente, a separar familias y a dañar a las comunidades negras y latinas en todo el Estado”, asegura el centro Las Americas Immigrant Advocacy. Jennifer Barbarie, la directora del grupo, ha prometido seguir la batalla judicial para que todos, sin importar su estatus migratorio, “tenga la libertad de moverse por el país para salir adelante”.