MIGUEL TIMOSHEKOV
HOUSTON, TX. – El Alguacil del Condado de Webb Martin Cuellar se declaró inocente el jueves de cinco acusaciones para defraudar en la Corte Federal de Houston durante una audiencia.
En los documentos judiciales figuran Alejandro Gutiérrez y el exsubdirector del Sheriff Ricardo Rodríguez.
El Departamento de Justicia describe la acusación:
El actual sheriff del condado de Webb y su jefe asistente comparecieron ante un tribunal federal por su presunta participación en un plan para defraudar a la Oficina del Sheriff del Condado de Webb durante la pandemia de COVID-19, anunció el Fiscal Federal Nicholas J. Ganjei.
Los residentes de Laredo, Martin Cuellar Jr., de 67 años, y Alejandro Gutiérrez, de 47, se han entregado a las autoridades y ahora han hecho sus comparecencias iniciales ante la jueza magistrada estadounidense Christina Bryan en Houston.
Un gran jurado federal presentó la acusación formal de cinco cargos, ahora revelada, el 19 de noviembre de 2025. Alega que entre 2020 y 2022, Cuellar y Gutiérrez conspiraron con otros para apropiarse indebidamente de los fondos de WCSO.
Según la acusación formal, Cuéllar, Gutiérrez y el ex subdirector Ricardo Rodríguez utilizaron el personal y los recursos de WCSO para operar un negocio de desinfección con fines de lucro durante la pandemia de COVID-19. Supuestamente abrieron Disinfect Pro Master en abril de 2020 y firmaron contratos de servicio con negocios y restaurantes locales a pesar de no contar con empleados ni suministros propios.
La acusación formal alega que los empleados de WCSO gestionaban las operaciones diarias de la empresa desde la oficina del sheriff, donde recogían los horarios y el equipo para realizar servicios de desinfección tanto dentro como fuera del horario laboral con el condado.
Los cargos también alegan que Disinfect Pro Master obtuvo un contrato de $500,000 para la limpieza de las escuelas del Distrito Escolar Independiente Unido en Laredo y que realizó el trabajo con personal y recursos de WCSO.
Durante más de dos años, la empresa supuestamente operó casi exclusivamente con empleados y suministros del condado, con gastos generales mínimos.
Cuéllar, Gutiérrez y Rodríguez recibieron aproximadamente $175,000 cada uno, un tercio de las ganancias, según los cargos. Cuéllar presuntamente utilizó parte de sus ganancias para comprar propiedades en Laredo.
De ser declarados culpables, Cuellar y Gutiérrez enfrentan hasta 10 años de prisión federal, así como una posible multa máxima de $250,000.
Cuellar también enfrenta cargos de lavado de dinero, lo que conlleva 10 años adicionales de prisión y una multa de hasta $250,000 o el doble del valor de los bienes involucrados en la transacción inmobiliaria.
Rodríguez, de 65 años, de Laredo, se declaró culpable previamente y está programado para ser sentenciado el 16 de marzo. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza en espera de esa audiencia.
El FBI de San Antonio y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional llevaron a cabo la investigación como parte del Grupo de Trabajo contra la Corrupción Fronteriza de Laredo.
Los fiscales federales adjuntos Heather Winter y Robert Johnson están a cargo del caso.
Una acusación formal es una acusación formal de conducta delictiva, no una prueba. El acusado se presume inocente a menos que sea condenado mediante el debido proceso legal.
