Dudas; concesión de
Puente III y obra IV-V
· – . Concesiones y acuerdos del Puente III, envueltos en la discrecionalidad
· – . El primer tropiezo fue la súbita diferencia en costos de obra por 147 mdp
· – . En julio de 2026 concluye la concesión entre Federación/ SCT y el Estado
Por Javier Claudio
Aclarando. – A unos cuantos meses de que concluya la concesión del Puente III, signada el 30 de julio de 1996 por 30 años entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Tamaulipas, pocos avistan este desenlace en el que, por supuesto Nuevo Laredo juega el papel central por ser de su autoría este gran proyecto y que bajo una cuestionada negociación ahora aparece bajo la administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, La concesión acaba en julio y es entonces la réplica; ¿qué va a pasar?
Clarificando. – Se sabe que el gobernador Américo Villareal Anaya está gestiona la ampliación por 30 años de la concesión del Puente Internacional III, cuya concesión actual termina en julio de 2026, a fin de asegurar su operación y modernización, incluyendo una ampliación de carriles de 8 a 18 para duplicar su capacidad y fortalecerlo como punto estratégico de comercio de carga en Norteamérica. Los trámites avanzan con aprobaciones de la SICT y SEMARNAT y nada más.
Clarín. – Pero, hay preguntas en el aire y que la ciudadanía tiene derecho a la respuesta; esa concesión retendrá el 12.5% de los ingresos para Nuevo Laredo, ¿corren algún riesgo? El otro 12.5% seguirá siendo para el Estado. ¿Qué sucedería para Nuevo Laredo (y el Estado) si se llegara a perder la concesión y esta pasara a la Secretaría de Infraestructura, Caminos y Trasportes (SICT)? Si la obra en su mayor parte de la autoría de Nuevo Laredo, ¿le representa esto alguna ventaja para recuperar la administración?
Claro que no. – Ningún municipio en el Estado alcanza nuestros montos(recursos anuales del 33%, esto es casi tres mil 050 millones de pesos), como así los recibe NLD, aun cuando también cuentan con puentes internacionales por el fuerte movimiento de carga. Es el caso Reynosa, con apenas mil 800 mdp de presupuesto anual por este concepto, pero que le incluye ahí el Gobierno Federal otros ingresos, que son por un monto aproximado de 500 millones de pesos. Nuestra ciudad recibe más, al rebasarlo en un 50 por ciento.
Claridades. – Fue el 20 de marzo de 1998 cuando se constituyó el Fideicomiso entre el Gobierno del Estado, el Municipio y la empresa Puente Internacional de Nuevo Laredo III S. A. de C. V. la Fiduciaria Banco Inverlat, S. A. y el Grupo Financiero Inverlat, para así quedar integrado y dar paso al inicio de operaciones el 15 de abril del año 2000, surgiendo entonces al cuestionamiento en sus primeras cifras sobre costos, esto es pasar de la duda a la inconformidad por la súbita elevación de los montos.
Claroscuro. – Mal fue el comienzo, pues de lo que es considerada obra magna en Tamaulipas, aparecieron montos que no cuadraban, luego que las primeras cifras de los costos totales de la obra del Puente III eran de 483.7 millones de pesos y cuya cifra sorprendió cuando aumentó en 147.4 millones de pesos más de lo considerado, de los cuales alrededor de 48 millones de pesos fueron sobre costos y 99 millones de pesos más a gastos no considerados. Así quedó asentado aquél 30 de noviembre del 2006.
Claro que sí. – Esto se fijó como avalado mediante las firmas de Pedro Cerisola y Weber, titular entonces de la SCT, Eugenio Hernández Flores, gobernador del Estado y Antonio Martínez Torres, secretario del Gobierno del Estado en Tamaulipas. De aquel “extravío” del Puente III, sólo una persona alcanzó cárcel y fue el director del Fideicomiso, Gabriel Marín Loya, aunque había 12 involucrados, muchos de ellos ex funcionarios. El reclamo fue por 13 millones y luego superó los 20 millones de pesos.
Sabía usted que. – Envuelta en un mar de dudas aparece la obra que busca crear el Puente Internacional IV/V, etiquetada en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como la número 39 entre los compromisos de obra en el rubro de Transporte-Carreteras de la SCT, con fecha de inicio en el 2023 y a concluir en el 2024. Pertenece al Acuerdo Nacional Inversión en Infraestructura del Sector Público Privado, signado por ingeniero Carlos Noriega Romero, subjefe de la Oficina de la Presidencia de la República.