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Alegación en curso atribuye que el juez del condado de Zapata, sus familiares y su equipo de campaña estarían en proceso de investigación sobre presunto fraude electoral.
Declaraciones juradas reveladas como parte del caso, las acusaciones involucran a una campaña que presuntamente pagó a personal para ayudar a cientos de votantes, indicándoles por quién votar y vigilándolos mientras votaban, transportándolos y pagándoles para que votaran a cambio de la condonación de horas de servicio comunitario y/o multas que previamente se les habían impuesto por infracciones.
En las primarias demócratas de marzo de 2026 para juez del condado de Zapata, la candidata Martha Morales alegó que este patrón se había dado, según informó The Center Square. Presentó una demanda civil, pero la perdió debido a que prescribió el plazo legal, y solicitó al Secretario de Estado y al Fiscal General que investigaran.
En las primarias demócratas de marzo de 2024 para sheriff del condado de Zapata, el ex sheriff Raymundo Del Bosque hizo acusaciones similares tras perder las primarias. Presentó una demanda civil, la perdió y solicitó al Secretario de Estado y al Fiscal General que investigaran. En septiembre pasado, la Unidad de Integridad Electoral de la División de Investigaciones Criminales de la Fiscalía General inició una investigación contra el juez, el sheriff, un juez de paz y otras personas del condado de Zapata.
En julio, la Unidad de Integridad Electoral de la División de Investigaciones Criminales de la Fiscalía General ejecutó órdenes de registro en las residencias del juez del condado de Zapata, Joe Rathmell, y su esposa, Gina Rathmell; del sheriff Ramón Montes y su esposa, Sonia Sánchez; de la secretaria del sheriff, Norma García, y su esposo, Corando Barrera; de Laura Garza, quien trabajó en las campañas de Montes y Rathmell; y de la jueza de paz Olga Bruni. Se incautaron registros telefónicos y bancarios como parte de la investigación, según 73 páginas de declaraciones juradas obtenidas en exclusiva por The Center Square.
Ninguno respondió a las múltiples solicitudes de comentarios de The Center Square.
En las primarias demócratas de marzo de 2026 para el cargo de secretario del condado, la candidata Carmen Mena-Paredes perdió y también alega que hubo fraude electoral. Según declaró a The Center Square, ella no contaba con los recursos financieros para impugnar el resultado. La secretaria del condado saliente sostiene que no hubo fraude electoral, informó The Center Square.
«Dadas las acusaciones presentadas en declaraciones juradas sobre la recolección de votos y el soborno en torno a las elecciones más recientes», Mena-Paredes solicita al Fiscal General que investigue todas las contiendas electorales del condado.
«Si existen preocupaciones legítimas sobre la integridad de nuestras elecciones, todas merecen el mismo nivel de escrutinio. No se trata de atacar a un candidato, un partido o un cargo en particular, sino de transparencia, rendición de cuentas y de garantizar que cada voto se haya emitido de forma legal y justa. Los ciudadanos de nuestro condado merecen saber que sus elecciones se llevan a cabo con integridad y que sus voces realmente importan», declaró a The Center Square.
El juez Rathmell no ha respondido a las múltiples solicitudes de comentarios sobre las acusaciones presentadas en cuatro declaraciones juradas en su contra, junto con su esposa, su hija adulta y su equipo de campaña.
El miércoles por la tarde, Gina Rathmell, esposa del juez, publicó un comunicado en Facebook en el que afirmaba que ella y el juez Rathmell “han servido pública y justamente durante más de 22 años”. También aclaró que las declaraciones juradas “NO son cargos, sino solo alegaciones”.
“No podemos hablar de estos asuntos en este momento”, añadió, indicando en la publicación de Facebook: “Estamos luchando en este caso lo mejor que podemos; a través de nuestros abogados y no en Facebook”.
Dos declaraciones juradas separadas concluyen: “Parece, con base en declaraciones de testigos, grabaciones de videovigilancia, registros bancarios y evidencia de mensajes de texto, que Gina Rathmell cometió el delito de recolección de votos al compensar a personas para que interactuaran con los votantes en presencia de su boleta oficial, con la intención de que dicha interacción tuviera un propósito específico.
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