*- Deberá comparecer a audiencia, evidencias claras e irrefutables.

*-Exhortan al fiscal estatal y Supremo Tribunal hacer cumplir la justicia.

NUEVO LAREDO. – En sesión el cuerpo de gobierno exhortó a la Fiscalía Anticorrupción y Poder Judicial del Tamaulipas proceder contra ex alcalde y síndicos.

La queja incluye a empresarios y políticos que conspiraron de acuerdo a evidencias documentales en la compra-venta de un terreno sobrevalorado, durante el ejercicio de Enrique Rivas Cuellar como alcalde en el periodo 2018-2021.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó audiencia de imputación en contra del ex presidente municipal y síndicos de la administración anterior del Partido Acción Nacional.

 En la reunión del cuerpo de gobierno el lunes 13 al mediodía, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas solicitó al Procurador Irving Barrios Mujica, al titular de la Fiscalía Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda y al presidente del Supremo Tribunal, David Cerda Zúñiga, respetar principios rectores del proceso penal con transparencia.

“Existen indicios legales suficientes para considerar el pago de sobreprecio del terreno afectando dineros del gobierno”, reseñó Canturosas en tema especial de la agenda. “Se puede configurar el posible conflicto de intereses al cerrarse una compra venta con el presidente municipal en funciones, con el presidente municipal suplente y el dirigente de su partido PAN”.

Después de hallazgos de evidencias la Comisión de la Verdad, el cuerpo de gobierno aprobó el 11 de abril de 2022 archivar la denuncia criminal contra quienes resulten responsables de la administración pasada.

En los documentos de la queja criminal la ex autoridad cerró un negocio para la compra de un terreno ubicado en las inmediaciones del Centro Cultural conocido como “Ruta jabalí”.

El  2 de marzo el Ministerio Público que investiga el caso fijó audiencia de imputación el 21 de marzo a las 9:30  a.m. contra el ex alcalde y ex síndicos y quienes resulten envueltos en la conspiración.

El cuerpo de gobierno votó porque la autoridad esté sensible a los principios del proceso criminal contra los indicados, porque la comunidad quiere y busca transparencia.

El regidor y presidente de la Comisión de la Verdad y Anticorrupción, Ernesto Ferrara Theriot, respaldó la propuesta sobre el exhorto y ofreció una explicación sobre la denuncia legal que se interpuso por el daño causado a la población.

Dijo que no había perdón ni olvido contra quienes usaron la responsabilidad pública para afectar los intereses de la comunidad.

Los regidores Samantha Bulás Liguez y Jorge Ramírez Rubio,  se abstuvieron de votar porque eran parte del cabildo de la administración 2018- 2021.

Ramirez Rubio intentó justificarse alegando que si votaba era conflicto de interés, aunque en esa fecha habrían aprobado la adquisición de esos terrenos en disputa.