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Juan Carlos Mendoza Sánchez*
Hace unos días el Congreso de Texas aprobó el proyecto de ley SB4 que en esencia es un instrumento para criminalizar la migración indocumentada e iniciar la expulsión de indocumentados del estado, sin importar los años que lleven viviendo aquí. Esta legislación es un ataque directo hacia las comunidades latinas de Texas porque provocaría la separación de familias, la discriminación y perfilamiento racial al grupo étnico que hoy por hoy es el grupo demográfico más grande de Texas.
En efecto, la oficina del Censo confirmó en junio de 2023 que, desde julio de 2022, la población latina o hispana de Texas con 40.2% de la población total del estado, sobrepasó a la población blanca que representa el 39.4% de toda la población, convirtiéndola en el grupo étnico más numeroso de Texas. Esta nueva cara demográfica y el proceso electoral de 2024, son las razones que están atrás de la SB4.
Sin duda alguna Texas tiene el derecho soberano a emitir sus leyes y sus políticas públicas, pero no tiene ningún derecho a querer aplicarlas extraterritorialmente a otro país, en este caso a México, ni a asumir funciones propias del gobierno federal.
La SB4 contempla la expulsión de personas que entraron o trataron de entrar indocumentados a Texas, por el país que ingresaron. Para llegar a México, los venezolanos cruzan por Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras o El Salvador y Guatemala, pero para los antinmigrantes el culpable es México. La única frontera de Texas con un país extranjero es México. Luego entonces, esa parte de la legislación lleva dedicatoria especial hacia el vecino del sur, como si México fuera responsable de cuidar la frontera texana para que ninguna persona realice un ingreso irregular, siendo que por la frontera de Texas con México se da el mayor tráfico de armas y municiones que alimentan diariamente el poder de fuego de organizaciones criminales que operan en algunos sitios de México, en violación de las propias leyes de Estados Unidos, sin que Texas haga algo al respecto para evitarlo. Claramente una doble moral.
La crisis humanitaria que hemos visto en algunas ciudades de la frontera, es por los conflictos internos que viven algunos países en el Continente Americano y en otros lugares del mundo. A diferencia de la migración de mexicanos que, ante la imposibilidad de obtener visas de trabajo han ingresado indocumentados a Estados Unidos por décadas en busca de las múltiples vacantes que hay en la agricultura, la industria y los servicios, los migrantes protagonistas de la crisis humanitaria actual en la frontera, son migrantes no mexicanos que tratan de llegar a Estados Unidos en busca de asilo político porque consideran que en sus países de origen sus vidas corren peligro. Esa es una gran diferencia que es necesario destacar.
El presidente de México ha ofrecido trabajo en el sur del país a los migrantes de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica que ingresan a México, pero pocos se quedan. Su meta es obtener el asilo en Estados Unidos. Cerrar los ojos ante esta realidad del vecindario que es nuestro continente y pensar que con muros y legislaciones de corte policiaco se resuelven las cosas, podría resultar contraproducente para la seguridad y la estabilidad política del Hemisferio. La política del avestruz, no elimina esa realidad, aunque no se quiera verla.
Estados Unidos fue el país que más se benefició del orden internacional de posguerra establecido en la Conferencia de San Francisco de 1945, de la que emergió la Organización de las Naciones Unidas como garante de la paz y la seguridad internacionales. Por ello, Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de ayudar a resolver los problemas del Continente Americano, que ha sido, desde la promulgación de la Doctrina Monroe en 1823, su zona de influencia y de seguridad frente a potencias extra-continentales.
México y Texas están construyendo una sociedad estratégica como lo muestra el hecho de que México le compra a Texas más productos que 8 de sus principales 10 socios comerciales, lo que lo sitúa como su socio comercial más importante. El 31% de los trabajadores de Texas son latinos y de ellos el 39% son propietarios de pequeños negocios. Varias de las ciudades más seguras del país, se ubican en la frontera texana con México. Destacan McAllen, El Paso y Laredo.
Desde que en 2006 Georgia emitió la ley SB529 para criminalizar la migración, otros estados han emulado ese camino fácil, que, si bien ha servido para ganar votos en periodos electorales, no resuelve la problemática de fondo.
El fenómeno migratorio debe administrarse con estrategias multilaterales integrales, que ayuden a los países del Continente Americano a crear empleos locales, tal como aconteció en México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que atrajo inversiones. Al crear puestos de trabajo, el TLCAN terminó con la migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos. De acuerdo a la oficina del Censo, la década pasada, la población mexicana en Estados Unidos a pesar de ser la más numerosa entre el grupo hispano, fue la de menor crecimiento entre los hispanos con 12.7%, siendo la venezolana con 181.5%, la de mayor crecimiento entre 2010 y 2020.
México y Texas son vecinos, amigos y socios estratégicos, por lo que el camino de la cooperación binacional, a partir de un diálogo respetuoso y constructivo, debe ser sin duda la mejor vía para avanzar hacia una seguridad y una prosperidad compartidas.
*Cónsul General de México en Laredo, Texas.