Inercia y bandidaje
en carreteras de pago
· – . Y “dónde quedó la bolita” en las vías federales si ya fue pagada la inversión
· – . Diputados en Nuevo León si demandan en tanto Nuevo Laredo son bostezo
· – . Oficios al Gobierno Federal del CI, camino muy andado y sin un resultado
Por Javier Claudio
Aclarando. – Enfila hacia la perpetuidad el gran negocio del Gobierno Federal, como es el cobro de peajes en puentes, carreteras y autopistas que ya fueron pagadas, pero cedidas en concesión a la Iniciativa Privada para recuperar la inversión. Así aquí el Puente I y el II, totalmente pagados desde hace muchos años, cuya inversión hecha por la Federación, –cuando entonces aún invertía—se logró la recuperación de dicho gasto mediante el manejo de cuotas de peaje en peatones y autos, pero se continúa cobrando.
Claroscuro. – El cobro del pago de cuotas en carreteras y puentes se sostiene en un descarado asalto al ciudadano, primero por lo caro y luego porque ya fue pagada la inversión. Si parte de nuestros impuestos son para la creación de enlaces, ¿porque cobrar entonces algo que nos costó, además de que ya fue cobrado al ciudadano? No se debe pagar, pues más bien asemeja el pago de una “cuota o derecho de piso” al llamado cartel organizado del cuello blanco, como son los funcionarios de Gobierno.
Claro que no. – Ejemplo vergonzante es la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, construida por el Gobierno Federal en 1989 mediante inversión de la empresa privada Constructora Protexa a quien se le cedió para cobro de peaje durante los 15 años siguientes y así recuperar el monto del gasto. Poco después del año dos mil el Gobierno Federal la retiro la concesión a Protexa por incumplimientos y desde entonces Capufe realiza el cobro del peaje. Es decir, a 30 años de su construcción se sigue cobrando.
Claro que sí. – Surge como otro incómodo cobro el de la autopista Laredo-La Gloria, que ni siquiera ha sido entregada formalmente la obra, pero inmediatamente tuvo costo de peaje. Se conoce que en Colima sí se pudo retirar el cobro de peaje. Se eliminó el pago por uso de la autopista para autos particulares. Fue entonces que Congresistas de Nuevo León al menos hicieron ruido por lo de las autopistas que ya han sido pagadas por décadas, como la vía Monterrey-Nuevo Laredo. ¿Y Nuevo Laredo?
Claridades. – Diputados en Nuevo León convinieron recurrir al la Red Estatal de Autopistas en el Estado para la realización de una exención en el pago, previa evaluación de los aforos de vehículos particulares en carreteras y autopistas, situación que no prosperó al representar una merma considerable en sus ingresos al Gobierno Federal. Ese digno y real papel de los diputados neoloneses, exhibe el aletargamiento de nuestra diputada federal Ana Laura Huerta Valdovinos que ni suda ni se acongoja.
Clarín. – Por supuesto que esta demanda aplicaría para las rutas Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey-Reynosa, aunque dependería del apoyo que se obtuviera por los representantes del gobierno de Tamaulipas, pues se tendría que contar con una participación ciudadana, más aún que en Colima hubo una presión por parte de miembros de la sociedad civil, empresarios y representantes del gobierno, que empujaron al considerar excesivo el pago en la autopista Colima-Manzanillo.
Clarificando. – Y asómbrese usted; quien tenía la concesión de la autopista en Colima era nada menos que la empresa concesionaria Pinfra, la misma que construyó la Autopista N. Laredo-La Gloria, la de los grandes negocios en el país durante sexenios, pues tenía derechos hasta 2050. Sin embargo, ante la presión social de Colima y la intervención de López Obrador, finalmente fue cancelado el cobro de 145 pesos en la autopista a vehículos particulares apenas hace un año. ¡Y sí, unidos se puede!
Sabía usted que. – Entre la retahíla de oficios del Consejo de Instituciones enviados a la Presidencia de la República, destaca el 0080/2021, el que detalla la necesidad como una prioridad para desarrollar la modernización de los accesos carreteros a nuestra ciudad. Sin embargo, se tiene una respuesta muy irresponsable por el hecho de que la autopista fue concesionada en su construcción a una app (asociación público privada). Esto, es que la Secretaría de Comunicaciones, dejó de construir y ahora determina las rutas bajo licitación a la IP y ¡de ellos es la responsabilidad!