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La Corte Suprema tendrá decisiones torales al abrir este lunes seis de octubre sus revisión frente a desiciones de agenda unilaterales del Presidente Donald Trump.
Porque los casos son cruciales sobre el voto de los derechos de las personas LGBTQ.
Hasta ahora, la mayoría conservadora del tribunal se ha mostrado receptiva, al menos en sus fallos preliminares, a muchas de las agresivas afirmaciones de autoridad del presidente Trump. El juez liberal Ketanji Brown Jackson invocó la tira cómica de Calvin y Hobbes tras una de esas decisiones que permitió el recorte de 783 millones de dólares en fondos de investigación.
“Esta es la jurisprudencia Calvinball con un giro”, escribió Jackson. “Calvinball solo tiene una regla: no hay reglas fijas. Parece que tenemos dos: esa, y esta administración siempre gana”.
Los jueces conservadores podrían ser más escépticos cuando realicen un examen en profundidad de algunas políticas de Trump, incluida la imposición de aranceles por parte del presidente y sus deseadas restricciones a la ciudadanía por nacimiento.
Si la misma división entre conservadores y liberales que ha marcado tantos de los llamados de emergencia de Trump persiste, «nos espera uno de los períodos más polarizadores hasta ahora», dijo Irv Gornstein, director ejecutivo del Instituto de la Corte Suprema en la facultad de derecho de la Universidad de Georgetown.
Los jueces emitirán juicio en los próximos 10 meses sobre algunos de los esfuerzos más controvertidos de Trump.
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Los jueces escucharán un caso crucial para la agenda económica de Trump a principios de noviembre, al considerar la legalidad de muchos de sus amplios aranceles . Dos tribunales inferiores han determinado que el presidente republicano no tiene la facultad de imponer unilateralmente aranceles de amplio alcance bajo una ley de poderes de emergencia .
Los estados y las pequeñas empresas argumentan que Trump no puede usurpar los poderes tributarios del Congreso declarando emergencias nacionales y utilizando aranceles para abordarlas.
Sin embargo, la administración afirma que la ley sí otorga al presidente la facultad de regular las importaciones, lo que incluye los aranceles. Cuatro jueces disidentes de un tribunal federal de apelaciones en Washington respaldaron este argumento, trazando una posible vía legal ante el Tribunal Supremo.
En diciembre, los jueces retomarán la facultad de Trump para despedir a los miembros de agencias independientes a voluntad, un caso que probablemente llevará a la corte a revocar, o restringir drásticamente, una decisión de hace 90 años . Se requería una causa, como el incumplimiento del deber, para que un presidente pudiera destituir a los funcionarios confirmados por el Senado.
El resultado parece incierto, ya que los conservadores han permitido que los despidos surtan efecto mientras se resuelve el caso, incluso después de que jueces de tribunales inferiores los declararan ilegales. Los tres jueces liberales han discrepado en cada ocasión.
Otro caso que ha llegado a la corte pero que aún no ha sido considerado involucra la orden ejecutiva de Trump que niega la ciudadanía por nacimiento a los niños nacidos en los Estados Unidos cuyos padres se encuentran en el país ilegal o temporalmente .
La administración ha apelado las sentencias de tribunales inferiores que bloquean la orden por considerarlas inconstitucionales, o probablemente inconstitucionales, violando más de 125 años de entendimiento común y una sentencia de la Corte Suprema de 1898. El