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-Reforma Judicial bajo la lupa de SCJN
-Henry Cuéllar se echa confeti
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Raúl Hernández Moreno
4-octubre-2024
La Sala Superior del Tribunal Federal Electoral validó la reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional del PRI, por los siguientes cuatro años, con derecho a la reelección.
El TRIFE echó abajo el acuerdo del INE que declaró improcedente la reelección de Alito, justo cuando en los días previos en que se votó la reforma al poder judicial, lo que dejó el sabor de boca, de que se trató de una acción del INE para quedar bien con el gobierno federal.
El fallo se da antes de que la reforma judicial se aplique de verdad, porque entonces el poder judicial se convertirá en un instrumento de castigo del Ejecutivo y el Legislativo, contra todos los adversarios.
Cuando la reforma judicial se concrete, en los términos que la plantea Morena, el costo de la justicia se va a cuadruplicar y solo la obtendrán los que tengan dinero para pagar, como ha sucedido siempre, pero será mucho más cara.
Alito estará en el PRI hasta el 2028 y en ese año podrá reelegirse por otros cuatro más y así hasta el infinito y más allá.
Por cierto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría, revisar si tiene facultades para decidir si la reforma judicial se ajusta a los que dice la Constitución o la violenta.
Los ministros tienen miedo de que el gobierno federal desate una persecución policiaca en su contra y los encarcele, inventándoles cargos criminales.
La reforma judicial es inconstitucional, violenta los derechos de ministros, magistrados y jueces, elegidos para determinado tiempo y no se les pueden destituir, porque se violenta el principio de no retroactividad de la ley.
Lo que Morena debe hacer es convocar a un constituyente y aprobar una nueva constitución. Mientras eso no ocurra, las reformas que se aprueben deben ajustarse al texto constitucional y es la Suprema Corte de Justicia quien debe interpretar esas reformas. Pero, insistimos, ministros, magistrados y jueces están apanicados, tienen terror de que se les criminalice. Pero, además, diversos personajes, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, han dicho que la votación de ministros, va, con o sin el consentimiento de estos. Le ley, pues, les vale un soberano pepino.
Si viviéramos en un estado de derecho, la reforma judicial quedaría sin efecto, pero hay evidencias claras de que no hay estado de derecho. El que las mayorías sean mayoría, no significa que tengan la razón. Tienen el poder de la fuerza, que es diferente.
En otro tema, vaya volada que se aventó el congresista federal Henry Cuéllar anunciando que ya se autorizó la construcción del puente 4-5, entre los dos Laredos.
Es una obra en la que se requiere el consenso de dos países y todavía no se define el lugar en que se va a construir el cruce y no está contemplado en el presupuesto del gobierno mexicano para el 2025. Salvo que los primos del norte construyan la mitad del puente que les corresponda y que dejen en libertad al lado mexicano para construir la parte que le toca, cuando sus posibilidades económicas se lo permitan.
Es evidente que Cuéllar quiere echarse confeti, está pensando en su próxima reelección y le urge ahora que enfrenta un juicio federal que se le instruye, bajo el cargo de que recibió sobornos de un banco extranjero.