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MIGUEL TIMOSHENKOV
LAREDO, TX. – El Departamento de Seguridad Nacional desistió en construir el muro fronterizo en la vega del Río Bravo en las ciudades de San Ignacio, Río Bravo, El Cenizo y Laredo de los Condados de Webb y Zapata.
Carlos E. Flores, abogado principal de la demanda del 6 de julio del 2020 en la Corte Federal, dijo que fue una batalla final por tres años donde los habitantes mostraron firmeza y voluntad para sostener sus derechos.
“Activistas comunitarios mantuvieron firmeza de ser afectados en sus propiedades. Funcionarios del Condado de Zapata sumaron voluntad en la lucha legal”, dijo el abogado Flores. “De no ser por la Coalición No Border Wall Laredo no estaríamos celebrando este momento en la historia del litigio contra el muro fronterizo”.
Se trata oficialmente de la primera comunidad en evitar la construcción del muro fronterizo y obligar al DHS a rescindir 27 leyes federales en la frontera entre Estados Unidos y México.
Joe Rathmell, juez del condado de Zapata, describió el uso atroz de estas exenciones en la frontera por el gobierno federal como “extralimitación”.
“El Tribunal de Comisionados afirma que el gobierno local es la entidad mejor posicionada para tomar decisiones sobre el uso de la tierra”, dijo Rathmell. “El sistema federal de poderes divididos de nuestro país solo puede funcionar cuando se respetan los derechos del gobierno local”.
La demanda de Zapata, presentada hace tres años en la Corte Federal de Distrito, también incluyó a dos particulares y terratenientes ribereños como Melissa R. Cigarroa y George C. Rincón.
La demanda impugnó el uso del dominio eminente y la emisión de exenciones en los condados de Zapata y Webb por parte del expresidente Donald J. Trump y el supuesto secretario interino del DHS en ese momento, Chad Wolf.
La Sección 102 de la Ley Real ID de 2005 le da al Departamento de Seguridad Nacional amplia discreción para renunciar a las leyes federales que pueden obstaculizar la construcción del muro fronterizo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Alfonso Figueroa, fiscal del condado de Zapata, brindó una perspectiva histórica sobre el trato discriminatorio del gobierno federal a Zapata y las zonas fronterizas del sur de Texas.
“El condado de Zapata tiene un largo historial de dificultades con el gobierno de los Estados Unidos, incluida una reubicación forzada en la década de 1950 y, más recientemente, el muro fronterizo del expresidente Trump.”, dijo Figueroa. “Zapata era un objetivo debido a nuestro pequeño tamaño, composición económica y población predominantemente latina y nuestra incapacidad percibida para luchar contra la condena forzada a través del sistema judicial”.